El Decreto de Necesidad y Urgencia entró en vigor hace tan solo seis días, el 29 de diciembre.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU). La reforma, que había entrado en vigor el 29 de diciembre, enfrentó resistencia por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), que organizó protestas y solicitó la intervención judicial.
La Justicia laboral ha decidido paralizar provisionalmente el Título IV del DNU, que aborda medidas en el ámbito laboral, hasta que se emita una sentencia definitiva. Esta medida responde a las reclamaciones presentadas por la CGT, que expresó preocupación por aspectos específicos del decreto, como la ampliación del período de prueba a ocho meses, la posibilidad de despidos por bloqueos o toma de instalaciones, y modificaciones en el sistema de indemnizaciones.
El extenso decreto de Milei, que abarca alrededor de 300 leyes, tiene como objetivo principal la desregulación económica, establece un estado de emergencia pública y económica hasta diciembre de 2025, introduce cambios en el mercado laboral y los planes de salud, deroga la ley de alquileres y propone la privatización de empresas públicas, entre otras medidas.
