La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha elevado la solicitud de pago por parte del expresidente Donald Trump y su empresa a un total de 370 millones de dólares (unos 337 millones de euros). Este incremento de 120 millones de dólares con respecto a la petición inicial se basa en acusaciones de «enriquecimiento ilegal» y de inflar el valor de sus activos en documentos financieros durante más de una década.:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F038%2F371%2F71b%2F03837171b68f47e5fc7d702fb92f5d16.jpg)
La Fiscalía presentará el argumento final el 11 de enero en el juicio, donde sostiene que Trump obtuvo «beneficios ilegales» al exagerar los resultados financieros de sus empresas para obtener condiciones más favorables en préstamos. Este desarrollo legal es parte de una serie de investigaciones que han estado examinando las finanzas de Trump y sus empresas desde su salida de la presidencia.
La defensa de Trump, por su parte, ha anticipado su propio argumento final, atribuyendo los señalamientos a «errores accidentales» en las declaraciones financieras. Argumentan que, dado que no hay evidencia de fraude, como ocultación, falsificación o engaño, no hay base para considerar fraudulentas estas declaraciones.
El veredicto del juez Arthur Engoron, quien lleva el caso sin jurado, determinará la responsabilidad de Trump por el delito de fraude que la Fiscalía le imputa. Además, se espera que el juez tome una decisión sobre otras seis reclamaciones que podrían tener implicaciones significativas, como la posible inhabilitación de Trump para ocupar cargos directivos en empresas con sede en Nueva York. El desenlace de este proceso legal podría tener consecuencias tanto para la trayectoria política como financiera del exmandatario.
