Las acusaciones sugieren que Rosa Peral y su padre podrían haber intentado eludir las consecuencias financieras de la condena.
En un sorprendente giro legal, Rosa Peral, previamente condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ahora se enfrenta a una nueva imputación junto a su padre por presunta ocultación de bienes antes de recibir la sentencia. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar activos que podrían haber sido objeto de confiscación como parte de las repercusiones legales del crimen.
Las acusaciones sugieren que Rosa Peral y su padre podrían haber intentado eludir las consecuencias financieras de la condena, planteando preguntas sobre la transparencia en la gestión de sus activos, incluyendo su casa y su automóvil. Ambos han sido citados a declarar el próximo 24 de enero, ya que se sospecha que Peral transfirió sus bienes a su padre antes de ser condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona estipula que Rosa Peral y el otro autor del crimen, Albert López, deben abonar conjuntamente la suma de 885.000 euros a los familiares de Pedro Rodríguez. Sin embargo, en caso de no contar con los fondos necesarios, se procedería al embargo de sus propiedades. Se argumenta que Peral habría cedido sus bienes a su padre como estrategia para declararse insolvente y eludir así la responsabilidad de la indemnización.
Estos detalles han salido a la luz a raíz de una querella presentada por los familiares de la víctima, la cual ha sido aceptada por la jueza y podría resultar en penas de hasta cuatro años de prisión. No obstante, el sistema judicial enfrenta ahora el desafío de validar estas acusaciones de ocultación de bienes, mientras la comunidad sigue de cerca este caso que ha capturado la atención pública debido a sus implicaciones legales y éticas.
El caso de Rosa Peral:
El caso de Rosa Peral, conocido como el crimen de la ‘Guardia Urbana’, gira en torno al asesinato de Pedro Rodríguez, un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona. El cuerpo de Rodríguez fue encontrado carbonizado el 4 de mayo de 2017 en un automóvil calcinado cerca del pantano de Foix. Tanto la pareja de la víctima, Rosa Peral, como su amante, Albert López, también agentes de la Guardia Urbana barcelonesa, fueron acusados de matar a Pedro en la madrugada del 1 de mayo de 2017 y de ocultar su cadáver en el maletero del coche.
No fue hasta marzo de 2020 cuando ocho de los diez miembros del jurado popular consideraron a Peral culpable del asesinato, y siete de los diez miembros acusaron a López del asesinato con alevosía de Pedro Rodríguez. Ambos fueron condenados a 25 y 20 años de prisión, respectivamente, además de la obligación de indemnizar a los familiares con la suma de 885.000 euros.
